La Audiencia reabre el asesinato etarra de «los novios de Cádiz» 38 años después

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha reabierto la investigación del asesinato etarra del guardia civil Antonio Ramírez Gallardo y su novia, Hortensia González Ruiz, ametrallados en Beasain (Guipúzcoa) el 6 de enero de 1979.

Como desveló ABC el pasado día de Reyes, coincidiendo con el 38 aniversario del atentado, la Fundación Villacisneros, en nombre de la hermana de Hortensia González, presentó un escrito el 12 de octubre del año pasado contra la prescripción de estos dos asesinatos, el primero de una larga lista de casos que esta entidad pretende reabrir.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos dio traslado del escrito al fiscal, que ha informado a favor de la reapertura. Así, el magistrado Ismael Moreno, en una providencia que acaba de ser notificada, reclama a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y al Servicio de Información de la Guardia Civil «un informe respecto a la autoría del ataque terrorista objeto de la investigación».

El Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional incoó en du día las diligencias previas 38/79, pero en solo dos meses resolvió archivarlas con un auto de sobreseimiento provisional por «falta de autor conocido», los dos o tres etarras que dispararon contra el guardia civil de 24 años y su novia de 20, dos gaditanos que estaban en plenos preparativos de boda. La investigación fue superficial, en una época en la que había tantos atentados que las fuerzas de seguridad no daban abasto.

Casi 40 años después, el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira argumenta en su escrito que aunque el atentado en sí pueda estar prescrito, hay otro delito cometido por los etarras, el de integración en organización terrorista o banda armada, que «es de tracto sucesivo, es decir, se realiza mientras que la persona o personas se encuentren integradas en dicha Organización».

El representante del Ministerio Público incide en que el delito de pertenencia «solo deja de cometerse cuando las personas integradas han sido detenidas o se desvinculan de la Organización terrorista, extremos estos que a día de hoy no se acreditan, por la razón de desconocerse los autores materiales».

Este argumento podría impulsar la investigación de los alrededor de 300 asesinatos que ETA cometió después de la aministía de 1977 y que no han sido resueltos. La inmensa mayoría de ellos están prescritos, tras el paso de 20 años, como el de «los novios de Cádiz», pero ahora las familias de las víctimas pueden impulsar de nuevo las investigaciones.

Así, el fiscal sostiene que «en este estado procesal no se puede concluir que los hechos se encuentren prescritos». El escrito entregado al juez apunta a que se debe «determinar la autoría de los hechos objeto de investigación», y después «se podrá analizar si efectivamente los hechos se encuentran prescritos», en función de qué haya sido de los terroristas que mataron al guardia Antonio y a su prometida Hortensia cuando salían de una sala de fiestas de Beasain. Para ello, el fiscal tira de jurisprudencia, ya que la sentencia 2530/1995 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo «distingue dos supuestos de prescripción».

El primero se refiere a «cuando el delito ha sido cometido por una sola persona opor unas pocas»; el segundo, «cuando se trate de delitos atribuidos a una colectividad de personas en la que hay una organización más o menos estructurada o jerarquizada, con unos miembros, los más bajos de la escala, que son los que realizan los actos materiales de ejecución del delito (. . . ) y otros, los jefes o mandos, que actúan en la sombra dirigiendo, planificando y ordenando a los inferiores lo que ha de hacerse». En el caso en cuestión no cabe de duda que estamos en el segundo supuesto, pues fue obra de la banda terrorista ETA, lo que implica también el delito de integración.

Victoria

La decisión del juez Ismael Moreno ha sido una victoria para la Fundación Villacisneros y el bufete con el que han firmado un acuerdo de colaboración, Milans del Bosch Abogados, que ha conseguido la reapertura del primer caso que presentan dentro del denominado Proyecto Dignidad. Actualmente están trabajando en un segundo caso e investigando otros muchos, prescritos o sobreseídos. Para decidirse a intentar la reapertura, requieren la aprobación de los familiares.

Desde la fundación presidida por Íñigo Gómez-Pineda, destacan que estamos ante un triunfo «de la sociedad civil», una iniciativa privada puesta en marcha «sin subvenciones, con nuestros propios recursos». El patronato de Villacisneros también cuenta, entre otros, con la exlíder del PP vasco María San Gil y con Ana Velasco Vidal-Abarca, hija del comandante Jesús Velasco, asesinado por ETA en 1980. .

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